Delitos contra la seguridad vial por alcoholemia: consecuencias penales y estrategias de defensa
Los delitos contra la seguridad vial, particularmente el delito de conducción bajo la influencia del alcohol (alcoholemia), son una grave amenaza a la seguridad pública. El delito de alcoholemia es uno de los más comunes contra la seguridad vial en España. Consiste en conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
El bien jurídico protegido por estos delitos es la seguridad colectiva en el ámbito del tráfico rodado. La conducción bajo los efectos del alcohol no solo pone en peligro la vida y la integridad del propio conductor, sino también la de todos los demás usuarios de la vía pública. Por ello, el Código Penal establece límites claros en cuanto a las tasas de alcohol permitidas para conducir.
Según el artículo 379.2, será castigado con penas de prisión, multa e inhabilitación para conducir quien conduzca un vehículo a motor o ciclomotor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Estos límites son aún más estrictos para conductores profesionales y noveles, que tienen un límite de 0,30 miligramos por litro.
Cabe destacar que el delito de alcoholemia se consuma en el momento en que se detecta la presencia de alcohol en el conductor, independientemente de que se haya producido o no un accidente. Además, la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas también constituye un delito autónomo, regulado en el artículo 383 del Código Penal.
Las penas por cometer este delito incluyen prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, se impone la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo entre uno y cuatro años.
Es importante preponderar que no es necesario estar ebrio para ser condenado por este delito. Basta con superar los límites legales de alcoholemia, incluso si la persona no muestra signos evidentes de embriaguez.
Asimismo, si un conductor se niega a someterse a las pruebas de alcoholemia, incurrirá en un delito, con pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.
¿Qué importancia tiene un abogado en estos casos?
La importancia de contar con un abogado especializado en delitos contra la seguridad vial por alcoholemia es fundamental, dada la gravedad que puede llegar a tener el asunto. Estos delitos se juzgan de forma rápida, por lo que es recomendable estar asesorado por un profesional desde el primer momento.
Un buen abogado en derecho penal puede asesorarte y ayudarte a buscar la mejor solución posible, ya sea defendiendo tu caso o estableciendo una conformidad con el fiscal para lograr una pena más leve. La conformidad permite negociar una pena cercana al mínimo, con una rebaja adicional de un tercio, además de agilizar el proceso.
En caso de no llegar a un acuerdo, el abogado presentará una defensa escrita u oral de las acusaciones, solicitando un emplazamiento de cinco días. Su experiencia facilitará el análisis personalizado de cada caso para orientar al defendido en la mejor opción.
Dada la importancia de contar con un especialista en estos delitos, existen webs de comparativas como www.abogado.org que permiten encontrar y comparar los mejores profesionales en cada zona. Estas plataformas facilitan el acceso a abogados expertos en derecho penal y delitos contra la seguridad vial por alcoholemia.
Así, conducir bajo los efectos del alcohol es considerado un delito contra la seguridad vial en España, con penas que incluyen prisión, multa y la suspensión del permiso de conducir. Incluso si no se está visiblemente ebrio, superar los límites legales de alcoholemia es suficiente para ser condenado por este delito.